Una investigación federal puso en evidencia un presunto circuito de narcolavado que involucra a Tucumán, Salta y Chaco.

Orán es considerada por Gendarmería una de las zonas limítrofes más calientes del país y los secuestros de drogas, principalmente cocaína y marihuana, suelen ser frecuentes.

Esa ciudad, según esta causa que fue iniciada por el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, es “la puerta” por donde los narcos vulneran la seguridad para enviar sus cargamentos a distintas provincias del país que -debido al incremento del consumo- se convirtieron en grandes centros de comercio para los traficantes.

Los gendarmes sostienen que el tráfico de estupefacientes está relacionado con el contrabando de mercancía y que los narcos aprovechan los “tours de compras” para enviar parte de sus cargamentos. Precisamente, en esta causa, la Aduana Argentina y Gendarmería empezaron a investigar al empresario frigorífico Iván Edgardo Cabeza -que posteriormente iba a ser detenido- por un caso de supuesto contrabando.

Unificación de causas

La causa esta compuesta por dos expedientes. Uno de ellos lleva más de cuatro de años de investigación. En esa pesquisa se investigaba a Eduardo Quiroga y a Cabeza. Quiroga es de Orán y fue detenido hace más de tres meses. En simultáneo, en Tartagal se investigaba a una familia Meneses y a Bruno Mazzone.

Reynoso explicó que en ambos expedientes se mencionaba a Cabeza, dueño de la cadena de carnicerías “La Carlota” instalada en Orán (que no tiene nada que ver con otras cadenas de carnicerías del mism o nombre). Los comerciantes investigados en Tartagal se dedicaban a ese mismo rubro pero con una cadena llamada “M y M”, que corresponderían a las siglas de Meneses-Mazzone.

Al cruzar la información que había de Orán y Tartagal los investigadores vieron que el nexo era Cabeza. Por esto, pidieron la unificación de las causas. Así, los 40 allanamientos que se hicieron corresponden a una única causa.

Esta investigación iba a seguir su cauce normal pero, por las amenazas muerte que recibieron Reynoso y el fiscal federal de Orán José Luis Bruno, se allanó de inmediato.

1 ) Ocho de estos allanamientos se realizaron el 12 de mayo pasado en Tucumán. Siete se hicieron en domicilios particulares que pertenecerían a Cabeza, Mazzone y a dos empresarios tucumanos que estarían involucrados con esta banda.

2 ) Tres de estos operativos se hicieron en la capital y cuatro en Lules. Se incautaron de más de $ 1 millón pero, además, secuestraron cinco armas -consideradas de guerra por su calibre- entre las que había una Magnum 44 y una pistola calibre 380.

3 ) Para el octavo allanamiento hubo que esperar un día porque, debido a un paro bancario, no se pudo ingresar a una sucursal del banco Santander Río ubicada en Yerba Buena. Al día siguiente se incautaron U$S 200.000 y $ 500.000 en efectivo guardados en tres cajas de seguridad que pertenecerían a los empresarios tucumanos mencionados en la causa.

4 ) Tras estos allanamientos los comerciantes locales fueron citados a declarar el 9 de junio en el Juzgado de Orán en donde deberán justificar de qué manera obtuvieron los casi $ 2 millones y U$S 200.000 secuestrados.

Amenazas de plomo

Las amenazas de muerte que provocaron los allanamientos surgieron de escuchas telefónicas en las que Cabeza decía: “todo esto lo está haciendo el Negro Reynoso. Los voy a llenar de plomo al juez, al fiscal y al tipo de la aduana”. Estas amenazas fueron admitidas. Pero en su declaración alegó que habían sido sacadas de contexto.

En esta investigación, Tucumán es señalado como una supuesta plaza financiera utilizada para blanquear capitales provenientes de la venta de drogas. Esta situación preocupó incluso a la Federación Económica de Tucumán (FET). Desde la FET se dijo que el elevado nivel de movilidad económica de la provincia es lo que permite que se puedan hacer este tipo de operaciones ilegales porque, en una economía más chica, sería muy difícil ocultar una actividad de esta índole. Pero también dijeron que en Tucumán los controles son muy rigurosos y eso evita que este tipo de organizaciones ilícitas se instalen fácilmente.

El juez Reynoso ya se apartó junto con el fiscal Bruno de la causa en la que ambos fueron amenazados de muerte. Esa investigación será instruida por el fiscal federal de Salta, Eduardo Villalba.